Procédures
244 votesLe rôle de la simplicité de la réglementation fiscale et de la fragmentation fiscale dans la compétitivité européenne
Simplifier la fiscalité européenne pour les PME en créant des outils numériques et en réduisant les obligations déclaratives.
Résolution sur le dixième anniversaire de la détention de l'éditeur suédois Gui Minhai, emprisonné en Chine
Exiger la libération immédiate et inconditionnelle de Gui Minhai, éditeur suédois emprisonné en Chine, et l'accès à des soins médicaux indépendants.
Résolution sur la situation humanitaire et sécuritaire en Haïti, en particulier la montée en puissance des gangs criminels et le récent massacre à Cabaret
Accélérer l'aide humanitaire, renforcer les forces de sécurité haïtiennes et sanctionner les gangs pour stabiliser Haïti et protéger les demandeurs d'asile.
Motion de censure visant la Commission
Motion de censure visant la Commission
Explications de vote
Explications de vote soumises après les sessions plénières.
Rapport 2024 de la Commission sur l’état de droit
Valoramos positivamente que el texto reconozca avances relevantes en materia de Estado de Derecho. Celebramos, especialmente, el reconocimiento del derecho a la unión de personas del mismo género en el conjunto de la Unión Europea, lo que refuerza los principios de igualdad y no discriminación. Asimismo, es importante que el informe aborde la independencia de los medios de comunicación como elemento esencial en una democracia. Sin embargo, consideramos que se debe ir más allá: es fundamental garantizar la independencia real del poder judicial, reforzar los mecanismos de vigilancia y lucha contra la corrupción y denunciar, con claridad, prácticas como el control de los medios públicos por parte de los Gobiernos o la infiltración de policías en movimientos sociales. Nos hemos abstenido porque el informe contiene, además, una crítica genérica e injustificada a las leyes de amnistía y los procedimientos de indulto. Se trata de instrumentos plenamente legales en los sistemas democráticos, avalados por el ordenamiento jurídico español y por su Tribunal Constitucional, siempre que respeten los principios de legalidad y proporcionalidad. Cuestionarlos sin atender a su contexto concreto contribuye a estigmatizar herramientas que, en muchos casos, han permitido resolver conflictos y avanzar en la protección de derechos y libertades fundamentales.
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