Procédures
244 votesContrôle des activités financières du Groupe Banque européenne d’investissement – rapport annuel 2024
Conditionner les financements de la Banque européenne d'investissement à des critères d'impact mesurables, de transparence accrue et de contrôles anti-fraude renforcés.
Modifications du règlement intérieur du Parlement concernant les nominations au sein d’organes et organismes de l’Union (article 135)
Orientations pour le budget 2027 - Section III
Financer prioritairement la transition énergétique, les infrastructures de transport, le logement social et le contrôle des frontières via le budget européen de 2027.
«Global Gateway» - incidences passées et orientation future
Financer des infrastructures énergétiques et de transports dans les pays en développement pour contrer l'influence chinoise et sécuriser l'approvisionnement européen en métaux critiques.
Activités du Médiateur européen – rapport annuel 2024
Explications de vote
Explications de vote soumises après les sessions plénières.
Rapport 2024 de la Commission sur l’état de droit
Valoramos positivamente que el texto reconozca avances relevantes en materia de Estado de Derecho. Celebramos, especialmente, el reconocimiento del derecho a la unión de personas del mismo género en el conjunto de la Unión Europea, lo que refuerza los principios de igualdad y no discriminación. Asimismo, es importante que el informe aborde la independencia de los medios de comunicación como elemento esencial en una democracia. Sin embargo, consideramos que se debe ir más allá: es fundamental garantizar la independencia real del poder judicial, reforzar los mecanismos de vigilancia y lucha contra la corrupción y denunciar, con claridad, prácticas como el control de los medios públicos por parte de los Gobiernos o la infiltración de policías en movimientos sociales. Nos hemos abstenido porque el informe contiene, además, una crítica genérica e injustificada a las leyes de amnistía y los procedimientos de indulto. Se trata de instrumentos plenamente legales en los sistemas democráticos, avalados por el ordenamiento jurídico español y por su Tribunal Constitucional, siempre que respeten los principios de legalidad y proporcionalidad. Cuestionarlos sin atender a su contexto concreto contribuye a estigmatizar herramientas que, en muchos casos, han permitido resolver conflictos y avanzar en la protección de derechos y libertades fundamentales.
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